GUILLERMO MONTOYA PÉREZ

Palabras leídas en el Homenaje de las universidades de Medellín, de Antioquia, Autónoma Latinoamericana, Eafit y Pontificia Bolivariana, el 16 de septiembre de 2021

Maximiliano A. Aramburo C.

Profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana

Guillermo Montoya Pérez fue mi vecino de oficina en sus últimos años. Eran unas oficinas modulares, funcionales, pero mal iluminadas y sólo en los últimos tiempos con aire acondicionado. Guillermo no solo había logrado conseguir una de las que tenían ventanas (lo cual producía la sana envidia de quienes carecíamos de luz y aire) sino que además era un vecino cariñosamente molesto: llegaba tempranísimo —entre las 5 y las 6 am—, y desde que entraba cantaba tangos y boleros. Alguna poesía declamaba, con un vozarrón potente que llenaba los espacios, impidiendo cualquier concentración, pero facilitando —como siempre hizo— toda la conversación. Luego se iba a clase y tan pronto cruzaba la puerta, uno se quedaba tarareando la canción que Guillermo venía de cantar, y empezaba a extrañarlo. Mientras Guillermo estaba en clase, la tortura cariñosa de su voz la padecían sus alumnos, a quienes perturbaba con sus disquisiciones teóricas, sus cuadros sinópticos perfectos y sus ideas lúcidas que recorrían todo el derecho privado, no importa cuál fuera la materia que ese semestre le tocara en suerte. Allí, en el aula, exponía ideas que eran propias, porque Guillermo no copiaba a nadie y no permitía que nadie copiara: feroces fueron algunas discusiones que tuvimos al respecto evaluando trabajos de grado.

Al terminar sus clases, Guillermo nunca volvía solo. Casi siempre llegaba acompañado de pasteles, buñuelos, o cualquier vianda que se le atravesara en el camino en su regreso del aula: irrespetaba democráticamente dietas y restricciones alimentarias ajenas. Y además de comida, cuando no lo seguían los estudiantes en busca de una explicación teórica o empujando un reclamo sobre un examen, lo seguía un humilde en busca de consejo; o Ricardo, el lotero, para revisar los números de los sorteos de toda la semana. Guillermo con ellos, con los humildes, no era abogado. Guillermo con ellos no necesitaba de los libros que escribió (lo escrito, escrito queda) así que no les entregaba solo su conocimiento, y quizás no iban por eso: a ellos les regalaba su tiempo y les dedicaba horas enteras. Hoy quisiera preguntarle por qué a los estudiantes los despachaba pronto (a llorar al atrio) y a las señoras del aseo las atendía largamente. Ustedes, que conocían a Guillermo mejor que yo, también se imaginarán la respuesta que nos hubiera dado: “lo que los estudiantes necesitan es que se les empuje a pensar, lo que esta señora necesita es a alguien que la escuche y una voz que la aliente”. 

Como las paredes eran delgadas y la voz de Guillermo era potente, fui su alumno y su cliente indirecto e involuntario. Las cartas y memoriales que le dictaba por teléfono a Dorita, me las dictaba también a mi, y las remembranzas de sus antiguos alumnos (de todas las universidades aquí representadas) me las contaron también a mi. Guillermo se sentaba estremecido a escribir las palabras que leía en los funerales de sus amigos y familiares que se fueron anticipando en el viaje que al final él emprendió, y con prodigiosa memoria recordaba (también lo hacía por teléfono) los detalles de cada encuentro con visitantes y seres queridos de los que se despedía.

Así que fui testigo de sus últimos años de vida y aunque no fui su alumno directo, aprendí muchas cosas de él. Sus estudiantes recuerdan sus tableros impecables y sus exámenes imposibles. Sus contrapartes, su lealtad y rigurosidad teórica a toda prueba. Sus clientes, su honestidad en sus posiciones. Yo quiero recordar aquí, como parte de este mínimo homenaje, su faceta de investigador, de escritor. Y para hacerlo tomaré como pretexto su última publicación: los “Veintidós divertimentos jurídicos”, que subtituló Breves comentarios sobre diversos aspectos de derecho privado. Ese librito muestra a un Guillermo maduro en sus reflexiones jurídicas; aquilatado, inspirado fuertemente por el gran magistrado Ricardo Uribe Holguín, a quien quiso emular, provocando el debate “racional y razonado, dejando de lado el argumento de autoridad, para buscar explicaciones lógicas”: Guillermo se sabía iconoclasta, como Uribe Holguín, y no quiso marcharse del mundo sin dejar un último testimonio de ello, como si su propia personalidad, sus libros anteriores y sus miles de horas de vuelo en clase, no fuesen suficiente prueba.  

Guillermo se describió a sí mismo en esos Divertimentos como bucanero de altamar, sin patria ni destino; como tahúr; como un necesitado del diálogo y la contradicción. En esa obrita (delicatesen para privatistas) Guillermo apostó a reventar algún paradigma, rescatando piezas que con certeza soltaba en las aulas y no encontraban plena cabida en sus otros libros sobre personas, derechos reales, matrimonio, contratos.

Pongo tres ejemplos de sus divertimentos:

  • Jugado a no ser políticamente correcto, se batió en tres páginas con argumentos verticales contra la consideración de los animales, los ríos y las especies vegetales como sujetos de derecho, recordando que también Calígula nombró a Incitatus cónsul de Bitinia.
  • Se debatió a si mismo, al derecho de Montoya, en cuanto a la distinción entre título y modo, atacándola.
  • Propuso —quizás muy tímidamente— una reforma, con articulado y todo, al régimen de bienes baldíos y del derecho de superficie, reivindicando la función más progresista y social del derecho de propiedad. Y añadió una reflexión sobre la venta del aire (problema de siempre de los humildes en los consultorios jurídicos).

En esos Divertimentos Guillermo cuestionaba el tratamiento de la muerte como un plazo (hecho futuro y cierto), y buscaba demostrar que en realidad se la trataba como  condición (hecho futuro e incierto). Guillermo, en contra del legislador, sabía que la vida era finita y que su hora llegaría pronto. Por eso publicó con avidez de discusión sus pensamientos, y nos los dejó en préstamo, para que los tratemos sus colegas y discípulos como él hacía: con amor por la persona y sin piedad con las ideas.

No he tenido ocasión de leer el Liber Gratitudinis que escribió Guillermo, y que cita en los Divertimentos. Con sus recuerdos y su obra, los aquí presentes podríamos hacer otro libro de gratitud hacia él, hacia su generosa personalidad.

Dije antes que Guillermo no permitía que nadie copiara. A unos meses de su muerte, creo entender que puso sus empeños intelectuales en ser auténtico, original, como Uribe Holguín. Guillermo descansará en paz, porque sabía perfectamente que él mismo no puede ser copiado.

El candidato al que le tuve miedo

En un instante mi vida se cruzó con la de Alejandro Gaviria, como se cruzó, en su juventud, con la del actual presidente Iván Duque: por casualidad. Yo era un niño de unos 5 años cuando mi familia se mudó, después de un breve paso por Cali, a un conjunto residencial en Medellín en 1983 o 1984. Ese conjunto residencial marcó mi existencia, pues allí viví cerca de 25 años más, hasta el día en que me fui a España a perseguir el doctorado.

En ese conjunto residencial vivía quien en ese momento era el alcalde de la ciudad. Sus hijos eran ya adolescentes, casi adultos, y los niños les teníamos miedo, porque creíamos que nos harían maldades. Esos hijos del alcalde eran amigos y contemporáneos de mis primos, que vivían allí mismo y luego se mudaron a otro país. Quizás por eso nunca nos hicieron nada los hijos del alcalde, o quizás era un miedo infundado, del que muchas veces hablé con Gerardo, uno de los porteros del conjunto. Gerardo recordaba con cariño a los hijos del alcalde y siempre los defendió: eran buenos como el pan, decía. De los hijos del alcalde, Pascual y Alejandro llegaron a ser muy conocidos, pero para mi siguen siendo “los hijos del alcalde” y los recuerdo por sus nombres propios aunque ninguno de ellos me recuerde en absoluto.

Hoy Alejandro quiere ser formalmente candidato a la Presidencia. Muchos años después de tenerle miedo, la candidatura de Alejandro me parece que le da un giro a la política en el país. Aunque Alejandro pertenece a un sector de privilegios (hijo de alcalde y ministro, educación de élite, ministro él mismo), a mi me parece un candidato diferente y saludable en la política de este país (característica que, creo, tienen algunos más de los aspirantes que comienzan a destapar sus cartas). No sé si tiene posibilidades electorales y no sé si votaría por él. Pero muchos años después del momento en que Alejandro me dio miedo, hoy me da esperanza.

¿La academia (cómo) paga?

La historia de las ideas jurídicas tiene un episodio de tremenda importancia con Cristopher Colombus Langdell, el decano de Harvard que impulsó la profesionalización de los profesores de derecho en Estados Unidos. La literatura sobre el tema es abundante, pero creo que se puede afirmar con un nivel suficiente de solidez en la generalización, que el panorama colombiano de las facultades de derecho se parece más al de Estados Unidos antes de Langdell, que al del prestigio de los profesores universitarios de las universidades de élite del mundo anglosajón actual, con amplias oficinas y dignos salarios. Es decir: la enseñanza del derecho entre nosotros sigue estando, cuantitativamente, más a cargo de profesores que habitualmente tienen otros trabajos (litigantes, jueces, funcionarios…) que de profesores full time. Pero entre unos y otros yo veo algo en común, que tiene que ver con lo siguiente: cada vez tengo más razones para considerar un misterio insondable cómo (es decir: con base en qué criterios) se fijan los honorarios o salarios, según el caso, de los profesores universitarios en Colombia.

Fui profesor a tiempo completo (en “carrera académica”, expresión que algún día discutiremos) en una universidad y nunca me preocupé de lo que decía el reglamento sobre los ascensos en los escalafones y en la remuneración: publicar papers en cierto tipo de revistas, acreditar el conocimiento de ciertos idiomas, presentar ponencias en cierto tipo de eventos, asesorar tesis de maestría o doctorado… Por eso me sorprendía un poco ver las diferencias salariales (a veces significativas) que había entre profesores con un nivel de formación semejante, solo por que uno de ellos hacía la tarea de hacer “validar” su producción por la dependencia que fija el salario, y el otro no. Me sorprendía, digo, pero mea culpa: era mi carga entrar en la carrera por ascender, o mejor, empezar a correr en esa carrera a la que ya había entrado y en la que veía que otros tenían interés serio: hacen ingentes esfuerzos para que sus artículos se publiquen en las revistas mejor valoradas por el reglamento, por ejemplo. Casi todo el mundo lo ve como un gana-gana: el profesor mejora su salario y la universidad mejora sus indicadores, lo que le permite aparecer mejor situada en algún ránquin. Yo era de los que escribía y publicaba, en mi modesta capacidad de producción, buscando dónde podrían ser de algún interes mis cada vez más escasas ideas. Sobra decir que en algunos de los temas que me interesan, en Colombia hay pocas revistas en las categorías “sugeridas” por los ránquines y que los juristas habitualmente defendemos la insularidad (un cierto “excepcionalismo”) de nuestra disciplina frente al estándar de las ciencias en general, y de las ciencias “duras” en especial. Lo cierto es que nunca hice nada para que esa limitada producción se valorara en términos de ascenso de categoría, y quizás eso explica que yo tenga una tendencia a ver la remuneración de los profesores, no como una retribución al trabajo (nunca he sabido mucho de derecho laboral, pero recuerdo a un profesor que me enseñó que “a trabajo igual, salario igual”) sino como una retribución a la cooperación del profesor con la consecución de ciertos fines universitarios: quid pro quo.

Y si el universo de los profesores de tiempo completo me parece inextricable, el de los que aquí llamamos “profesores de cátedra” (profesores a tiempo parcial, asociados, etc.) ya corresponde a otra dimensión. Más allá de la cuestión formal (homologar títulos extranjeros, en mi caso, fue realmente fácil), mi actividad académica me ha llevado en la última década a dar clases en diferentes tipos de curso (desde pregrado hasta algún seminario doctoral) en centros y universidades muy diversas. La remuneración en todas ellas es absolutamente desigual: hay una diferencia de hasta diez (sí: diez) veces en el valor de la hora que se paga a un profesor “externo”, y en medio hay un universo de cuestiones para todos los gustos. Pongo unos ejemplos: (i) todas pagan el valor de la hora de clase (y podemos emplear el argumento retórico: es tal como en los parqueaderos… y en los moteles); es decir, no se suele pagar el tiempo invertido en la preparación de las clases, pues parece que se da por descontado que el profesor ya viene “de fábrica” con el conocimiento y la preparación; ni el tiempo de evaluación de los trabajos y exámenes. (ii) Hay casos en los que preguntar cuál es o puede ser la remuneración, se recibe como una pregunta de mal gusto: en un caso, incluso, al preguntar por el nivel siguiente del escalafón, me dijeron que sólo cuando llegara a él sabría cuál era el valor que pagaban por hora: era un secreto. (iii) Hay otros casos en los que la universidad se disculpa antes de que el profesor acepte la invitación, quizás porque asume de entrada que lo que puede pagar es muy poco, aunque en estricto sentido, no lo sea: en un caso en que eso me ocurrió, pagaban el cuádruple de lo que pagan en la que está más abajo en mis registros (un caso extremo, incluso, en el que uno agradece que hoy se trate de clases virtuales, porque de lo contrario no se compensarían ni siquiera los gastos de desplazamiento —y no es una exageración—). Y finalmente (iv) hay casos en los que, además, el municipio en el que queda la universidad ha decidido que impartir clase es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, así que cierto tiempo después de la clase, viene el cobro del impuesto correspondiente, que se suma a las consabidas retenciones.

Hace unos meses, un par de rectores de importantísimas universidades conversaban públicamente sobre el valor de la cultura. En esa conversación, cuando se referían al entorno universitario actual, se dolían (ambos) de que las métricas de los ránquines obligan a los profesores a escribir papers que nadie lee. Uno de ellos, incluso, calificaba la cuestión como “distorsión”, como “algo que no funciona”. Se trata, repito, de rectores universitarios: actores fundamentales del sistema, personas con un cierto poder y capacidad de identificar el problema, pues a la vista estaba que lo conocían y lo valoraban como problema, como distorsión; y sin embargo no habían producido cambios, quizás porque ni siquiera el poder de ser rectores de universidades bien ranqueadas alcanza para modificar esa situación y se ven obligados a pagar a sus profesores en función de los papers que nadie lee y no en función de lo que ellos mismos defienden de manera pública. Otra persona con posición directiva en una institución educativa me decía, por la misma época de esa conversación de rectores, algo así: si yo quiero tener a los mejores profesores, les tengo que pagar por encima del que más alto pague. Realmente lo hacía (paga extraordinariamente bien, teniendo en cuenta los promedios en Colombia): a esta persona no le preocupaba saber quién pagaba más o cuánto pagaba quien más pagaba, sólo quería ser quien mejor remuneraba, para que los mejores profesores quisieran hacer parte de sus cursos. Además, todos sus grupos de investigación están en las categorías más altas de la burocracia educativa. Cosas de la meritocracia, supongo (muy a pesar de los excelentes argumentos de Sandel y de Carlos Peña en su contra). Con dolor, parece que hemos aceptado colectivamente que en la academia se está por amor al arte, aunque algún municipio considere que tan noble filia es actividad industrial.

¿Un nuevo libro de Taruffo?

Encontré por ahí un libro de supuesta autoría de Michele Taruffo. Quizás saben que escribí mi tesis doctoral sobre la obra de Taruffo, y quizás saben también que él reconocía públicamente que era yo quien conocía mejor que él mismo el inventario de sus publicaciones. Así que ver un libro suyo que yo no conocía (titulado “Derecho Análisis Filosófico de la Prueba”) me resultaba una sorpresa. Entre otras cosas, porque Taruffo era un autor sumamente cuidadoso del lenguaje y puedo asegurar que jamás hubiese permitido un título tan mal puesto.

Desconozco el contenido del libro en cuestión, pero comenté el asunto con un par de autorizadas voces sobre la obra de Taruffo. Ninguno de ellos parece tener conocimiento del libro, lo que razonablemente hace pensar en una repudiable práctica editorial (bastante arraigada en algunos países, como el nuestro) que consiste en aglutinar textos ya publicados por otros (en este caso: traducciones) sin autorización del autor, sin autorización del traductor y sin autorización del editor original, con un título, por supuesto, que nadie ha autorizado.

Lo más desagradable del asunto es que el libro en cuestión tiene “coordinadores editoriales”. Y, me temo, no es la primera vez que incurren en este tipo de prácticas. Hablaré por mi: alguna vez encontré un libro de Jules Coleman, un conocido filósofo del derecho estadounidense. En 2010, yo había traducido con Felisa Baena Aramburo un artículo de Coleman, con su expresa autorización y se había publicado en la revista del IARCE; el mismo artículo, con algunas correcciones en la traducción, se publicó luego en un libro del Externado sobre filosofía de la responsabilidad civil. Pues en el libro de Coleman que encontré, se incluía la misma traducción; no se si con autorización de Coleman, pero ciertamente sin mi autorización ni la de Felisa Baena. Se incluían hasta las notas de traducción, sin indicar quién había traducido.

Concluyo: ese libro de Coleman pertenece a una colección dirigida por los mismos “coordinadores editoriales” del “nuevo” libro de Taruffo. Y está incluido en el CvLac (hoja de vida académica ante el Ministerio de Ciencias) de uno de ellos, como si fuera de su autoría (sin indicar que es un libro que compila artículos de Jules Coleman, y sin indicar que ni siquiera fueron traducidos por quien se lo atribuye como libro de investigación).

No nos sorprendamos de tener un ministro de ciencia, tecnología e innovación acusado de plagio.

Il maestro di Girona (la historia de una biblioteca)

Jordi Ferrer es una de esas personas extraordinarias que uno tiene la fortuna de cruzarse en el camino. Por azar del destino, en el año 2008, cuando estaba terminando los cursos obligatorios del doctorado, se enteró de que yo había comenzado a escribir una tesis sobre Michele Taruffo. El propio Taruffo y Ferrer habían comenzado un par de años antes una estrecha colaboración que llevó a “il maestro di Vigevano” (como le llamó su primer discípulo, Angelo Dondi, en un homenaje reciente, evocando la película de Elio Petri) a pasar largas temporadas en Girona tras su jubilación de la Universidad de Pavía. Cuando Ferrer supo de mi tesis llamó a Daniel González Lagier para preguntarle si yo estaría interesado en traducir algo de Taruffo, para un libro de compilación de artículos que prepararía la editorial Marcial Pons. Como ya he contado en alguna ocasión, cuando Daniel me hizo el ofrecimiento me negué. Yo estaba comenzando a aprender italiano, estaba comenzando a leer a Taruffo en serio y mi experiencia en traducción era la misma que en construcción de catedrales medievales: ninguna. Creo que a Daniel no le hizo mucha gracia, pero al cabo de una o dos horas sonó el teléfono del lugar que yo ocupaba en Alicante. Era Manuel Atienza, que me pedía bajar a su despacho. Me dijo algo así: “A estas propuestas uno no dice que no. Tú dí que sí, y luego resuelves si apuras el paso con tus clases de italiano o buscas otro tipo de ayuda. Además, el italiano es un idioma que con buen esfuerzo se aprende mucho, a diferencia del alemán, que con el mismo esfuerzo se avanza poco”. No valieron mis peros, aunque ahí comprendí en parte del carácter de futbolista 10 (incansable repartidor de juego) que tiene Atienza.

A estas alturas ya no recuerdo si llamé o escribí a Jordi Ferrer y acepté la traducción: no sabía yo en qué me estaba metiendo, pues tras el casi seguro “¡Estupendo!” me dijo que me enviaría el material a traducir. Recuerdo haber recibido, semanas después, una caja y un correo electrónico. Solo en ese instante supe que “participar” en la traducción era traducir todo el material. El resultado fue “Páginas sobre justicia civil”, que aun con las erratas que he encontrado, es una traducción de la que me siento muy orgulloso, pese al esfuerzo que me demandó. Allí quedó sellada una especie de deuda de gratitud que contraje con Jordi Ferrer y con el mismo Michele Taruffo. Luego pasé temporadas en Girona y en Pavía, atendiendo eventos concretos o pasando estancias de investigación. En una de ellas, en el otoño de 2011, caminaba por uno de los pasillos de la antigua universidad lombarda (rodeado de su impresionante prosapia científica) con Taruffo. Hablábamos de Denti, su maestro. Y le conté que justo ese día, me habían abierto el estante donde estaba el “fondo Denti”, la biblioteca que había pertenecido al ilustre procesalista. Allí, parados frente al modesto estante, me contó con desazón que era una pena lo que había pasado con la biblioteca de su maestro, pues cuando fueron a buscarla para trasladarla a la universidad, ya había sido “mutilada” y se habían perdido cientos, quizás miles de libros. Se dolía, además, porque el hecho de que lo que quedaba fuera tan poco y estuviera en ese lugar (como arrinconado en la entrada de la biblioteca) era una muestra de que tampoco a la Universidad le importaba mucho: pensar que él sabía mucho más de construcción de inferencias de lo que yo llegaré a saber jamás, fue lo que se me ocurrió después, al pasar por la placa que se puso en honor a Denti unos metros más adelante, cuando bajábamos a tomar un café. Sin embargo, no pude evitar la imprudencia y le pregunté si él pensaba legarle su propia biblioteca a la universidad a la que había dedicado tantos años y a la que se negó a abandonar incluso ante la oferta de una Ivy League estadounidense. Con tristeza me dijo que tenía claro que no la dejaría a la universidad, aunque en ese momento no tenía claro qué haría con ella. Su fondo privado reposaba entonces en un estudio que tenía en un apartamento de Milán, que había comprado a un dentista, pues hacía años ya que los libros no le cabían en casa. El estudio, dotado con una habitación en la que se alojaban sus huéspedes más entrañables, era una magnífica biblioteca especializada. Basta con ojear el aparato bibliográfico de cualquier trabajo de Taruffo para hacerse una idea de la riqueza del fondo que había allí.

Unos años más tarde, el propio Taruffo me escribió —como había hecho muchas veces antes, cuando alguien necesitaba un listado de sus publicaciones— pidiéndome que compartiera con la Universidad de Girona mi recopilación, pues él la reconocía como la única completa: él mismo no tenía registro de todo lo que había publicado en su vida. Se trataba de un homenaje que le haría esa querida universidad, promovido por Jordi Ferrer. La Universidad organizaría una base de datos con enlaces a todas las obras de Michele y se presentó en un congreso homenaje en 2015. Entregué gustosísimo esa información, que hoy está disponible en línea para todo el público.

A comienzos de marzo de 2021, a los tres meses exactos de la muerte de Taruffo, me pidió Jordi Ferrer que le ayudara a completar unos datos biográficos del común maestro. Tenía esa semana un par de reuniones con algunas autoridades políticas y universitarias para conseguir recursos, pues Cristina de Maglie, la esposa de Michele, le había anunciado la donación del “fondo Taruffo” para la Universidad de Girona. Se necesitaba dinero para su adecuado embalaje y traslado desde Milán a Girona, y para conseguirlo había que dar cuenta de quién había sido Taruffo, para dimensionar la importancia de contar con su legado en Girona. Le conté que la entrada en Wikipedia en español sobre Taruffo la había escrito yo (incluso, la foto la tomé yo mismo en una invitación que hice a Taruffo) así que esa información era fiable. Jordi consiguió los recursos y el “fondo Taruffo” ha llegado hoy, 19 de mayo, a la UdG. Una parte especial del fondo bibliográfico estará compuesto por las publicaciones de Taruffo, que los colegas de Girona han estado consiguiendo en todas partes (algunas bien difíciles de encontrar).

Desde hoy, Taruffo no es solo “il maestro di Vigevano” (e di Pavia, añadiré) También es —gracias a Jordi Ferrer, que además me permitió tener una parte mínima de esta historia en mi anecdotario— “il maestro di Girona”, la ciudad en la que quiso comprar una casa.

Y el gato cogió al ratón (A Guillermo Montoya Pérez, in memoriam)

El pasado 6 de abril, cuando supe que se había contagiado de Covid19, le escribí a Guillermo Montoya Pérez, como hacía con alguna periodicidad, para saludarlo y recordarle que en mi familia lo queremos mucho. Con humor me respondió:

“[12:57, 6/4/2021] Guillermo Montoya Pérez: Jugando, mamá, jugando: a que te cojo ratón, a que no gato ladrón

[12:59, 6/4/2021] Guillermo Montoya Pérez: Siguen los embates: de nuevo en quimio y ahora en virus pero sigo luchando

[12:59, 6/4/2021] Guillermo Montoya Pérez: Un abrazo y gracias por estar presentes.”

Un día después me compartió la noticia de la muerte del teólogo Hans Küng, de quien quizás en alguna oportunidad comentamos algún texto. No volví a saber de él hasta que me contaron que le habían ingresado en el hospital. Tras rechazar la entubación, hoy ha muerto Guillermo, que fue mi vecino de despacho universitario algunos años. Fue un vecino noble y generoso: aquejado por los dolores de la enfermedad en varios momentos de su vida, lo mantenía en pie la necesidad del aula de clases y si no iba por la universidad desde tempranas horas, mala señal sería. Su foto de perfil en su teléfono móvil era, justamente, una en la que aparece con un marcador en la mano escribiendo en un tablero: ser maestro es lo que más fielmente le retrataba.

Estuvimos en desacuerdo (muchas veces, absoluto) en numerosas ocasiones, quizás porque él entendía que el desacuerdo, la discusión y el debate constituyen la esencia y fundamento del espíritu universitario. Pero hasta el más radical de los disensos podía hacerlo compatible con su extraordinaria nobleza. Y diré más: Guillermo pertenece a la estirpe de los (muy) pocos académicos colombianos que era radicalmente incapaz de trasladar los desacuerdos al plano personal, en el que el afecto y el aprecio se mantenían incólumes, blindados, porque de esa forma él podía enseñarnos a los demás la gran diferencia que había entre el trato que había que dar a las ideas —debatirlas sin piedad—  y a las personas —rodearlas con profundo amor—. Siempre fue un abierto y leal contradictor con quien daba gusto debatir.

Guillermo Montoya Pérez fue uno de esos abogados que persiguió con desgano los títulos, tal vez sólo para cumplir con las exigencias de la academia burocratizada en la que nos hemos visto inmersos, aunque no los necesitaba desde ningún punto de vista. Tras un par de maestrías y algún posgrado más, se inscribió en un doctorado en Europa, en el que con certeza era más profesor que alumno, y en el que toda su obra acumulada podía ser superior a la tesis doctoral que pretendió escribir y que quizás terminó sin contarle a nadie.

Su imagen la tengo invariablemente asociada a una anécdota de la época en la que yo no le conocía personalmente. Había oído hablar de él y alguna conferencia le había escuchado cuando yo iniciaba mis estudios de derecho: era una conferencia en la que aludía a la teoría de las normas de Ross para explicar un asunto del derecho de familia, hace más de veinte años, cuando ese tipo de cuestiones eran exquisiteces parcialmente ajenas al derecho civil patrio. Poco más sabía de su personalidad, salvo que —a partir de esa conferencia— supe que quienes lo conocían le consideraban un académico de vasta cultura jurídica. Como él combinaba su permanencia en la universidad con el reservado pero eficaz ejercicio del litigio, en alguna ocasión fue contraparte de la firma para la que yo llegué a trabajar al terminar mi carrera, en un pleito cuantioso en pretensiones y honorarios hace varios lustros. Nuestro cliente, un extranjero desconfiado de las justicias del trópico, llamó un día hecho un manojo de nervios porque le había entrado temor de que la jueza del caso fuera sobornada: quería saber cómo contrarrestar un posible soborno. Mi jefe, en defensa del honor de Montoya, me dijo: “Dígale al cliente que si se atreve a insinuar siquiera un acto deshonesto de Guillermo, hoy mismo estoy dispuesto a renunciar al poder y a los honorarios”. Aunque años después el litigio terminó por una transacción entre las partes, creo que nunca le conté esa anécdota a Guillermo. Y cuando gocé de su generosa amistad unos lustros después, llegué a la certeza de que mi jefe de entonces no se equivocaba.

Él me llevaba una ventaja en sabiduría y experiencia que nunca llegaré a equilibrar. Como compañeros de claustro, servía de jurado de los trabajos de grado que yo asesoraba, segundo calificador de los exámenes que yo hacía… y viceversa. Construimos una relación cercana y amable, pese a las muchas diferencias de criterio, que se trasladó en ocasiones a los restaurantes que le gustaba frecuentar, para hablar de lo divino y lo humano y dejar al derecho en otro lado. Lector voraz, evocaba con frecuencia a la maestra que le enseñó a leer, porque le había cambiado la vida. Amante del tango, cantaba voz grave desde tempranísimas horas de la mañana en los pasillos universitarios. Publicó varios libros de derecho civil que escribía con la idea de que sirvieran a sus estudiantes (el más reciente, hace menos de un año), pero que consultábamos con más interés sus colegas: sobre derecho de las personas (Leyer), derechos reales (Leyer), matrimonio (Dikaia), unión marital (Universidad Eafit) y contratos (Universidad de Medellín), o sus breves “divertimentos” (Universidad Eafit). Son libros que quizás se quedan cortos frente a su capacidad de comprensión y enseñanza del derecho, pero ni convertidos en abultados tratados darían una dimensión siquiera aproximada de su entrañable bondad personal.

Era participante activo de congresos y seminarios, a los que viajaba con avidez de adolescente, enamorado del vino y las actividades extracurriculares en las que se comprometía con igual vigor que en los debates académicos.

Maestro y amigo, paternalmente me llamó varias veces durante mis años en el exterior, solo para asegurarse de que todo en mi vida marchara bien. Quizás por esa bonhomía que prodigaba fue merecedor de un voluminoso libro homenaje que colegas latinoamericanos le prodigaron hace algunos años (2014), cuando aún le quedaban varios de fuerza y energía para seguir entregado con vocación inigualable a la formación de jóvenes juristas. Profesor distinguido de la Universidad de La Habana, también le homenajearon el Concejo de Medellín (orden Juan del Corral), el Colegio de Abogados de Medellín (Jurista distinguido) o la Universidad Eafit. Como docente por inagotable vocación, Guillermo solía recordar con algo de emoción y buen humor sus estrategias pedagógicas, como la de enseñar a sus estudiantes la nomenclatura vial de la ciudad como pretexto para hablar de derechos reales.

Aunque su fama era predominantemente local (además de Eafit, fue profesor en la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana), durante años fue árbitro de diferentes centros y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, dignidad que le honraba como pocas cosas en el mundo.

Con todos los quilates que tenía, con generoso afecto pasaba por mi despacho (como pasaba por el de los demás colegas) para pedirme sugerencias de lectura sobre temas que él conocía ciertamente mejor que yo, o referencias jurisprudenciales sobre cuestiones que él dominaba al dedillo, o simplemente para preguntar por mi familia, a la que siempre dedicó especial afecto: “Profe, ¿cómo va el matriarcado?”, era el saludo recurrente de un hombre, además, increíblemente detallista. No sé a cuántas de nuestras casas llegaron sus flores y sus detalles con motivo de cumpleaños, nacimientos o celebraciones de títulos académicos. Y así como él a veces pasaba por nuestro despacho o llamaba simplemente para saludar, por el suyo, el confesionario, pasábamos todos: desde los humildes a quienes acompañaba desinteresadamente en trámites jurídicos de toda naturaleza, hasta sus colegas (incluidos los grandes juristas de nuestra tierra) que le llamaban a pedir opinión y consejo.  

En las horas previas a la muerte de Guillermo, nos contó el profesor Alberto Ceballos, su amigo cercano, que un día antes murió su tía María. Y que Guillermo, consciente de su frágil salud —aunque parecía de roble—, siempre había querido que ella muriera primero, para no dejarla sola. Al maestro Montoya Pérez, finalmente, lo cogió el gato. El sobrino de María descansa en paz.

Una anécdota: una conversación real y un evento académico nunca realizado sobre derecho y literatura

Conocí por casualidad a Javier Cercas —él ni lo recordará— en enero de 2020. Yo caminaba por la universidad en la que trabajaba entonces y me topé en sus bonitos jardines con varios “monstruos” de la literatura en español. Estaban con él Héctor Abad Faciolince  y Ricardo Silva Romero, creo recordar, grabando algunas entrevistas relacionadas con el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, ideado por Abad y de cuyo jurado formaban parte, en esa edición, Cercas y Silva.  Saludé a Abad —con quien uno o dos años antes había tenido una estimulante conversación sobre literatura y derecho y éste me presentó a Cercas y a Silva—: uno de esos pequeños placeres que le da la vida a uno, porque conversamos durante unos 15 minutos. De eso va esta entrada.

Cuando Abad era director de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas (que me gustaba mucho en su dimensión estética cuando adentro de ella se guardaban miles de libros, y no en una bodega con excelentes servicios logísticos), me acerqué a su despacho para preguntarle por la posibilidad de hacer unos diálogos (“conversatorios” les llaman algunos) entre derecho y literatura. Platicamos, en verdad, más de literatura que de derecho: a esa conversación le debo la lectura de El regreso, de Hisham Matar, aproximarme por primera vez a Simenon y algunos libros más. Le conté a Abad que cuando leí sus Traiciones de la memoria, no pude evitar tender puentes con la teoría de la prueba, una de las áreas del conocimiento jurídico en las que me gusta navegar. Vi en ese relato muchos de los problemas del razonamiento probatorio y he recomendado su lectura no pocas veces (incluso como material de estudio y evaluación en clase).

Cuando me crucé con Abad en ese enero de 2020, me presentó a Cercas y a Silva (cuyos vínculos familiares con el derecho son bastante conocidos). Acababa de publicarse Terra Alta, de Cercas y yo lo había devorado, como he devorado buena parte de su obra desde Soldados de Salamina, así que fue inevitable, también, que Abad recordara nuestra conversación sobre derecho, literatura y pruebas, pues Terra Alta era la primera incursión de Cercas en el género policiaco. Le conté, por ejemplo, que después de haber leído Anatomía de un instante, yo había comprado El impostor justamente en Gerona, donde él residía, y algunas palabras cruzamos sobre el trabajo de Jordi Ferrer y su equipo en esa ciudad, aunque no sé siquiera si le sonó mi imprudente sugerencia de aproximarse a lo que han estudiado sobre la prueba nuestros amigos en esa ciudad. Supe por boca de Cercas que había conversado con muchos policías para escribir su novela, y me llamó poderosamente la atención que los “agentes del orden” —siempre en el relato de Cercas, salvo la expresión entre comillas— no se creen las novelas policiacas porque les parecen irreales, así que se tomó el trabajo de poner a prueba su relato con esas conversaciones. No era la primera vez que oía lo de los policías, pero me gustó que un autor al que admiro me permitiera asomarme al behind the scenes de su trabajo.

En la conversación surgió lo de los escritores con formación jurídica y lo de los abogados escritores (que, intuyo, no son la misma cosa) y me quedé con la idea de proponer a Silva la misma idea que antes había formulado a Abad. Pensaba en este tipo de cuestiones: ¿Cuáles son las licencias jurídicas —incluso: de razonamiento probatorio— que se puede permitir la literatura, por ejemplo, policiaca? ¿Es posible una lectura jurídica o iusteórica de la literatura, que no la deforme? ¿Es fructífero un diálogo entre ellas, o serían dos monólogos? Mi conclusión —que no estoy seguro de que compartan los que fueron mis ilustres contertulios durante esos minutos— es que aunque no fuera útil, sí sería muy entretenida una conversación de esa naturaleza, y que sigue siendo muy formativo para los estudiantes de derecho abrir esas ventanas a la literatura, como en las fantasías jurídicas que gustaba de escribir José Hoyos Muñoz, mi profesor en la Bolivariana, que en paz descanse.

Muchas veces oí del éxito tremendo que tuvo un seminario de esta naturaleza que organizó, años ha, el grupo de filosofía del derecho liderado por Manuel Atienza en mi siempre evocada Alicante, y ejemplos no faltan a este lado del Atlántico. No solo de juristas que han escrito novelas (siempre recuerdo The Bond, de George Fletcher, excelso profesor de Columbia, o a Gianrico Carofiglio, en Italia), sino de escritores con formación jurídica: pienso, como ejemplo, en García Márquez, o en Juan Gabriel Vásquez, cuya tesis de grado como abogado fue La venganza como prototipo legal alrededor de la Ilíada, publicada años después por la Universidad del Rosario.

Días después le escribí por mensaje interno en una red social a Silva. Le pedí que me recordara de esa conversación con Abad y con Cercas, y le propuse que pensáramos en una fecha, un tema, y hacíamos la conversación. Estuvo de acuerdo y aceptó con la amabilidad que le reconocen todos los que le conocen. Luego sobrevino la pandemia, yo ya no estoy en esa red social y el contacto desapareció. Hoy recuerdo la despedida (con apretón de manos, como se hacía en esa época en la que tampoco había mascarillas), la sonrisa con la que me quedé de ese encuentro fortuito, y me divierto empezando a leer Independencia, el segundo libro de la serie del policía Melchor Marín que nos ofrece Cercas y que tiene que ver, cómo no —y a su manera— con la búsqueda de la verdad y la justicia. Ojalá algún día pueda volver a hablar de los puentes entre el derecho y la literatura con él, con Silva o con Abad.

El código sin espíritu: racionalidad legislativa y (un) proceso de recodificación

  1. Introducción

Hace pocos meses, a instancias del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, se presentó en un evento transmitido por canales de streaming y redes sociales el proyecto de Código Civil que preparó la Universidad Nacional de Colombia[1] con la finalidad de reemplazar el de Andrés Bello que, con algunas modificaciones respecto del original, rige en este país desde mediados del siglo XIX. El Código de Bello, literalmente copiado a Chile (país que lo encargó al célebre gramático venezolano) parecía dogma indiscutible, pues su vigencia desde antes de que en 1886 se proclamara la República de Colombia así parecía garantizarlo. Cuando se adoptó por algunos de los estados de la llamada Confederación Granadina hacia 1857, quizás pocos pensaban que el Código trascendería al siglo XXI, pues el propio Bello alertaba sobre la necesidad de su permanente actualización. Tras reemplazarse la Confederación por los Estados Unidos de Colombia en 1863, y al ver que varios estados preferían tener un mismo cuerpo de normas, el gobierno federal lo adoptó para la Unión en 1873. Y en 1887, tras abolirse la federación y adoptarse la República unitaria, no había discusión: el Código de Bello era “el” código por definición, con muy pocos cambios respecto del original chileno. Que tras casi 150 años se haya pretendido reemplazar el venerable código, entonces, ha causado comprensible urticaria intelectual: ¿por qué hay que cambiarlo? ¿Era suficiente un remozamiento?

Aunque el de Bello ha sufrido importantes (y desarticuladas) reformas, ninguno de los intentos por reemplazarlo ha prosperado[2] y quizás nadie diría que se han producido grandes virajes en el derecho privado colombiano. Entre las reformas se encuentran no solo las que expresamente han pretendido adaptar el derecho a los tiempos que corren, sino también las introducidas por un tribunal constitucional que está próximo a cumplir tres décadas de funcionamiento, pues resulta apenas comprensible que un control vigoroso de constitucionalidad encontrase pronto los problemas de compatibilidad de la vieja legislación con los principios de nuevo cuño: el régimen de capacidad legal, cambios en materia de matrimonio y uniones no matrimoniales, o la reciente reforma al régimen de sucesiones, son quizás los temas más notables en los que legislador y jueces (constitucionales) han obrado los cambios. Pero nunca se ha logrado una reforma estructural y armónica, pese a que podría decirse que hay un cierto consenso en que hace mucho tiempo ha llegado el momento de actualizar y modernizar el este sector del ordenamiento, y no solo en Colombia, como lo sugiere la vitalidad de proyectos modernos en sectores propios de un código civil, como los más recientes Restatements estadounidenses, los principios Unidroit, o los diferentes proyectos europeos de origen académico, entre los que vale la pena citar el Borrador del Marco Común de Referencia (DCFR), los Principios Europeos del Derecho de Contratos, del Contrato de Seguro, o de la Responsabilidad Civil, o el Proyecto de Código Europeo de Contratos (o Proyecto de Pavía).

El propósito declarado del Ministerio de Justicia al publicar el proyecto —que no encargó, pero recibió con entusiasmo— pasaba por abrir la discusión, recolectar impresiones, opiniones y conceptos de la llamada comunidad jurídica, con el fin de que la “primera versión” fuese sometida a examen por sus redactores. Tras incorporar los comentarios recibidos, una segunda versión pudiera iniciar el trámite legislativo. El evento de presentación, con la simbólica presencia de la Ministra de Justicia y varios magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema, fue el anuncio para la sociedad de un texto cuya elaboración se venía cocinando de tiempo atrás. En efecto, el texto presentado se anunció como un aggiornamento del proyecto que entre los años setenta y ochenta del siglo pasado había presentado el también profesor de la Universidad Nacional, Arturo Valencia Zea. Ese proyecto, que fue abortado por la comisión que para el efecto había creado el Gobierno en 1982, fue resucitado por los discípulos de Valencia con la aparente pretensión de modernizarlo y de ponerlo al día con las tendencias del constitucionalismo moderno y la legislación más reciente sobre la materia en el mundo. Sin embargo, ante la pregunta de un grupo de profesores por las actas de la comisión redactora[3], para poder emitir los conceptos a los que convocaba el Ministerio, la coordinadora del proyecto respondió: “(…) les informo que por decisión de los (…) líderes de la comisión, no se elaboraron actas ni ningún tipo de memorias que registraran la información solicitada por ustedes. Lo anterior, por cuanto los mencionados profesores redactores querían evitar que aquellas incidieran en la interpretación o entendimiento del proyecto por parte de la comunidad jurídica del país”[4].  

A partir de aquí, la pregunta que intentaré responder en este texto es la siguiente: ¿empeora el trabajo legislativo de un Código Civil la ausencia de actas o de “cualquier tipo de memorias”? Esta pregunta lleva otra implícita: ¿si tales documentos se elaboran a posteriori, el resultado legislativo es diferente? Como sus redactores no pueden —es decir: no deben— justificar una propuesta legislativa en términos de elecciones valorativas propias, se hará una crítica concreta de los problemas que una propuesta de Código Civil debería haber resuelto, sin temor por la incidencia de esos trabajos preparatorios en la interpretación o entendimiento del proyecto.

2. El papel de actas preparatorias y exposiciones de motivos

Hacia los años ochenta del siglo pasado, justamente cuando se gestaba el proyecto de Código de Valencia Zea que el actual proyecto pretende actualizar, Rodolfo Sacco parecía sugerir en Italia que la codificación era, ya entonces, un modo superado de legislar. Decía Sacco que los códigos podían clasificarse en tres grupos: los que habían imitado a otros códigos, los que habían racionalizado la jurisprudencia y los que no han hecho ni una cosa ni otra (Sacco, 1983: 131). La codificación, en ese sentido, podría ser una empresa sumamente difícil en las sociedades contemporáneas. Al decir de Olivier-Lalana (2011), una de las dificultades que enfrenta el legislador en las sociedades complejas —y las actuales claramente lo son— consiste en reunir la información suficiente sobre la comunidad en la que pretende intervenir, de tal suerte que la pretensión codificadora incrementa la demanda de información, por las aspiraciones totalizadoras y sistemáticas de los códigos, y en especial de los códigos civiles. Mientras el código que se pretende dejar atrás ya era una imitación —en la clasificación de Sacco—, el nuevo proyecto parece debatirse entre incorporar y racionalizar la jurisprudencia e innovar totalmente, y en todos los frentes. El gran enigma, entonces, es cuál de los caminos es el que puede estar siguiendo el proyecto “de la Nacional”, a falta de una declaración formal de sus redactores, que parece darle la razón a Siedman cuando afirma que rara vez los documentos prelegislativos hacen algo más que definir el problema del que trata la ley en cuestión (Siedman, 1992: 3).

2.1. Quién es el legislador: en búsqueda del espíritu

Un primer elemento para tener en cuenta es que la pretensión benthamiana de producir los textos por una única persona es tan injustificada como irrealizable en las sociedades complejas. Pero al mismo tiempo, el déficit de información que tienen los legisladores se puede compensar razonablemente con un trabajo deliberativo relativamente sencillo de realizar. Sin que sea ilegítimo en sí mismo el origen “mono-universitario” de un proyecto de Código Civil, la realidad de la educación jurídica en el siglo XXI es sustancialmente diferente de la del siglo XIX. Mientras en tiempos de Bello las facultades de Derecho podían contarse en una mano, la abundancia de juristas de hoy refleja la enorme diversidad de la sociedad actual[5]. En esa abundancia de juristas, las últimas décadas han sido muy prolíficas en producción doctrinal, fruto de la formación doctoral que no existía antes. El conocimiento especializado que ha surgido de las múltiples universidades no es posible verlo en las discusiones previas a la adopción de soluciones legislativas a problemas que, quizás, tampoco son los mismos que los investigadores han identificado. Un primer elemento para tener en cuenta, entonces, es que el trabajo legislativo elaborado deliberadamente sin documentos preparatorios ignora conscientemente el estado del arte de la ciencia del derecho del país, pues se produce de espaldas a ella, o se ocultan sus influencias. Y esto ocurre no solo frente a la ciencia del derecho sino frente a otras disciplinas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los avances de la sociología o de la economía, que justifican un determinado tratamiento de la familia o de la propiedad rural, tras décadas de conflicto armado? El proyecto, como es evidente, nada dice al respecto[6].

2.2. La pregunta por el principio: ¿Para qué recodificar?

Por otro lado, sin embargo, parece existir consenso en Colombia acerca de la necesidad de actualizar el derecho privado. Por una parte, porque nadie discute, como dato empírico, la atomización y dispersión del derecho positivo tras la promulgación del Código Civil actual: en ciento cincuenta años, la actividad legislativa ha sido frenética, especialmente en las últimas décadas. Por la otra, porque aun sin esa dispersión, la sociedad ha cambiado mucho en ese lapso y ni el propio redactor del código vigente consideró que su obra pudiese resistir el paso de los años. Los ejemplos de códigos de finales del siglo XIX y comienzos del XX que han sido puestos al día no son pocos. Las reformas en derecho de obligaciones y contratos en un ordenamiento tan cercano a los afectos de la dogmática “clásica” colombiana como el francés, ha permitido que la idea del código se mantenga vigente pues conserva el espíritu sistemático del que se precia, y su contenido no se altera completamente. En otros ordenamientos se han unificado sectores del derecho civil y el comercial en un solo cuerpo normativo (es el caso reciente de Argentina). En algunos más, se ha optado por producir un código ex novo, lo que permite dos posibilidades: o se hace un código “nuevo” dentro de la misma tradición, o se crea un código nuevo, incluso culturalmente. Pero la familia, o las formas de propiedad y el uso de la tierra, los avances del mundo financiero, entre otros, parecían demandar respuestas explícitas que por temor a incidir en la interpretación de las normas, se han silenciado.

Las preguntas que saltan a la vista, entonces —y no encuentran respuesta—, son las siguientes: (i) qué tan nuevo puede ser un código que pretenda sustituir uno —o dos, si se incluye el de comercio[7]— en vigor, para que se alcancen los objetivos legislativos que con él se proponen; y (ii) cómo puede ser un código nuevo. Esto podría dar algunas luces sobre el papel de los antecedentes legislativos que se obvian en un proyecto como el que discutimos. Aunque no es realista pensar que el drafter de un proyecto de tanta envergadura como el de un código civil sea el parlamento, sí es conveniente que la redacción del texto que iniciará trámite legislativo obedezca a una conformación plural, que pueda dar cuenta de un texto concertado y que refleje algunas convicciones colectivas. La idea misma de una legislación comunicativa (Witteveen, 2005), sugeriría que hay al menos categorías básicas que deberían ser objeto de acuerdos racionales entre el legislador y la ciudadanía (aun a través de algo tan vago y gaseoso como “la comunidad jurídica”), antes de emprender un reemplazo de normas de uso tan general como las contenidas en el Código Civil. Por eso, la adopción del texto que se somete a trámite legislativo tendría que incorporar esa conformación plural de la sociedad en al menos dos fases o momentos. Por un lado, en la definición a la metodología (¿cómo actualizar el derecho privado?); por el otro, en cuanto al contenido mismo (¿qué necesita actualización? ¿qué debe cambiar y por qué?).

Si se parte de lo primero, es evidente que no hay un acuerdo ampliamente generalizado sobre qué es la actualización y a qué debe aplicarse. La ausencia de trabajos preparatorios permite inferir que se parte de un terreno especulativo o, en el mejor de los casos, abierto a discusión.  Aunque la presentación formal del proyecto afirma que “no se parte de cero” porque la base es el texto del proyecto de 1984, admitir que esa afirmación es correcta implica admitir que el punto de partida llega 36 años tarde a una tarea de aggiornamento legislativo. No cabe duda alguna de que profundas mutaciones se han producido en el texto y en el contexto del código de Bello. Pero muchas de ellas han ocurrido en los últimos 30 años, desde que entró en vigor la Constitución de 1991. Sin embargo, nadie diría que todo el andamiaje del “viejo” Código Civil es vetusto: el régimen de obligaciones y contratos, una vez superada la dicotomía civil-mercantil, como parece ser posición mayoritaria, es compatible con los nuevos tiempos (materiales y constitucionales), si bien algunos ajustes son convenientes. Incluso, la jurisprudencia ha sido relativamente estable en la aplicación de normas que no adolecen de graves problemas de injusticia sustantiva, y ha incorporado soluciones no expresamente previstas en la ley formal.

Si se parte de lo segundo, las discusiones posteriores a la publicación del proceso (Aljure et al., 2020; Castro et al., 2020) han permitido evidenciar que ese acuerdo es ilusorio. Es inevitable preguntarse, entonces, cuál ha sido el proceso de maduración de la propuesta legislativa, antes de que inicie el tránsito por las cámaras del parlamento. Un proceso de actualización transparente implicaría una fase prelegislativa —con prescindencia de cuál modelo de actualización se elija—, en la que se defina quién y por qué es el redactor (drafter) del borrador, así como quién y cómo puede participar en esa redacción. Implicará, por supuesto, saber cómo se discute al interior de una comisión, cómo se garantiza la coherencia interna, con qué técnica se concuerda el extenso texto (que supera los 2000 artículos, qué criterios se emplean para decidir lo que se incluye y lo que se descarta, o a qué modelos se debe aproximar la nueva regulación[8].

3. La imposibilidad de introducir trabajos preparatorios ex post

Se trata, por supuesto, de cuestiones que, si no existen desde el comienzo, no son susceptibles de introducirse ex post. En este punto conviene introducir una diferencia entre el proceso de justificación de las decisiones judiciales y el proceso de justificación legislativa (Atienza, 2019: 80). Mientras que la motivación de las decisiones judiciales propia de la argumentación jurídica contemporánea expresamente renuncia a identificarse con el iter explicativo del recorrido psicológico seguido por el juez y se concentra en el llamado contexto de justificación, más que en el de descubrimiento, la justificación legislativa necesariamente parece necesitar de los trabajos preparatorios, para poder dar cuenta de cómo una solución adoptada en la ley, obedece a una determinada razón que justifica su existencia.

En efecto, una cosa es decir que las razones que justifican una ley deben ser razones públicas (Ferraro, 2020) y otra es decir que esas razones sean necesariamente posteriores (o de construcción posterior) a la elaboración de la ley. Por una parte, no es necesario acudir a al “espíritu del legislador” como criterio de interpretación, para que sea razonable la exigencia de una justificación formal que incluso pueda servir de criterio interpretativo (aun auxiliar).  Si bien es cierto que los llamados deberes jurisprudenciales suscitan el problema de identificar a quién se le imponen ciertas cargas (de sinceridad, de argumentación, de fundamentación empírica, de racionalidad deliberativa en el procedimiento), no es menos cierto que en los cuerpos normativos de cierto nivel de complejidad, la deliberación parlamentaria es consecuencial a un trabajo previo, de tal manera que es en esas deliberaciones donde se encuentran las premisas y las conclusiones técnicas que luego en el parlamento adquieren legitimación política, posiblemente con menor discusión (e incluso, menor conocimiento). Por ello, sin los trabajos preparatorios, entre los que se incluyen actas de la comisión redactora correspondiente, parece imposible dar cuenta de la satisfacción de los deberes legisprudenciales mencionados. Zapatero, por ejemplo, se refiere —a partir de Thornton— a “los trabajos del redactor” divididos en cinco fases (Zapatero, 2009: 245): determinación de objetivos, análisis, planificación del texto, redacción y revisión del borrador. Ninguno de ellos aparece evidente en un proyecto que deliberadamente carece de trabajos preparatorios.

4. Una idea final sobre la codificación

Por supuesto, la codificación en sí misma encierra problemas adicionales a los de la ley en sentido estricto. Su pretendida generalidad contrasta con la especialidad de las leyes puntuales, lo que habría dado lugar, en todo el civil law, a un creciente fenómeno de descodificación, paralelo a casos puntuales de codificación y recodificación, que ya no tienen las mismas pretensiones del siglo XIX. Al decir casi unánime de los civilistas, el derecho por excelencia (al menos hasta el siglo XIX) había sido el civil, porque tenía como ejes fundamentales “la persona, la familia, la propiedad, la obligación, el contrato, la sucesión” (Hinestrosa, 2014: 5). Ocurrida la escisión del derecho mercantil y la tendencia a su reagrupamiento con el civil (ejemplo de lo cual sería el código italiano de 1942), han aparecido, una a una, diferentes especialidades (rectius: subespecialidades). Aunque es posible hablar de una crisis de los códigos, constituciones decimonónicas como la colombiana de 1886, seguían otorgando al Código Civil un lugar de privilegio en la jerarquía normativa, capaz de solucionar antinomias entre disposiciones del mismo ámbito de aplicación. Hoy, el valor normativo de las constituciones no permite tal jerarquía, pero algunos códigos, como el civil, mantienen una cierta centralidad en su función sistemática (Hinestrosa, 2014: 11), pues aglutinan en torno a sí mismos una capacidad unificadora que los convierte en punto de partida, más que en punto de llegada del derecho privado, en feliz expresión de Nicoló, citada por Hinestrosa.

En ese sentido, el nivel de racionalidad teleológica al que deben aspirar los códigos, más que las “simples” leyes, es especialmente alto. Si en palabras de Atienza los edictores de las leyes son portadores de los intereses sociales (Atienza, 2019: 20), cuando la ley en cuestión es de tal nivel de generalidad y capacidad de permear en leyes especiales, como un Código Civil, el nivel R4 (o J4) exige la explicitación (y posterior justificación) de los fines que se persigue con la ley. Esas exigencias son aún mayores cuando ya hay una ley —es decir: un Código— que regula la misma materia hace tantas décadas, y que no supone extraordinarios problemas de justicia material. Allí, en principio, los trabajos preparatorios deberían dar cuenta, en términos de Seidman, por qué la legislación que se propone es la solución más eficiente posible, si es que se han identificado problemas de los que debería darse cuenta en alguna suerte de consenso social. Por supuesto, en un cuerpo de normas complejo, como un Código Civil, esto no es tarea fácil, pues las variables son tendencialmente infinitas, en la medida en que se cruzan múltiples valores individuales y sociales: modelos de familia, planes de vida, tipologías contractuales asociadas al modelo de mercado esperado, etc.

Entre las alternativas que el redactor de una ley puede tener en cuenta para explicar que la legislación propuesta es la mejor posible, Seidman propone la historia y el derecho comparado. La primera no solo porque una legislación propuesta debería dar cuenta de por qué es mejor la solución actual que las que se han empleado en el pasado para el mismo problema, sino porque tendría que mostrar qué funciona y qué no (Siedman, 1992, 66). El derecho comparado —siempre y cuando se examine cómo funciona— por razones similares: lo que otros países han hecho para solucionar el mismo problema o semejantes, puede suministrar ideas de qué regular y cómo en el propio. Aunque en el debate colombiano posterior a la publicación del proyecto algo se ha insinuado —y se han ofrecido fuentes como el código civil argentino, la vaga idea del common law, el derecho alemán y la jurisprudencia de la Corte Constitucional— todas ellas son explicaciones posteriores del texto que nació huérfano de trabajos preparatorios, de espíritu.

La posición del redactor de una ley constituye el elemento ideal de la legislación y no su elemento autoritativo (Siedman, 1992: 16), pues el redactor en sí mismo carece de legitimación política, así que la justificación de su propuesta por un grupo de académicos, como en el caso del proyecto examinado, tendría que plantearse en términos objetivos, en hechos. Los hechos que entran en los deberes jurisprudenciales que tendrían que estar en los trabajos preparatorios, por lo tanto, son tantos y tan diversos cuando se trata de redactar un código civil —que abarca tantos y tan diversos asuntos—, que es ilusorio abrirlo al debate sin siquiera intentar una justificación mínima, aunque fuese solo un pretexto, de la necesidad de reemplazarlo. Motivos no faltarían: el estallido social siempre in progress en la lucha por la propiedad de la tierra, una reivindicación de los sujetos de derechos (que en Colombia, por decisiones judiciales, incluyen animales, ríos, páramos y parques naturales), las cuestiones de género y sexualidad, los desequilibrios económicos contractuales producidos por las pandemias…

Una cosa es cierta: si este proyecto finalmente fracasa y no inicia trámite legislativo, ya habrá producido tanta discusión, que el próximo drafter tendrá material de sobra, con lo que se ha debatido en apenas unos meses, para iniciar el trabajo “en serio”.

Bibliografía

Aljure, Antonio et al., 2020: Observaciones al “Proyecto de Código Civil de Colombia: Reforma al Código Civil y su unificación en obligaciones y contratos con el Código de Comercio”. Bogotá: Universidad del Rosario.

Atienza, Manuel: Argumentación legislativa. Buenos Aires: Astrea, 2019. 

Castro Pinzón, et al., 2020: Observaciones críticas sobre el proyecto de Código Civil presentado por la Universidad Nacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ferraro, Francesco, 2020: La motivación formal de la ley como justificación. Material didáctico de uso exclusivo para el curso BLR. 

Hinestrosa, F., 2014: “Codificación, descodificación y recodificación”, en Revista de Derecho Privado. Bogota: Universidad Externado de Colombia, n.° 27, julio-diciembre de 2014, pp. 3-13.

Olivier-Lalana, Daniel, 2011: Legitimidad a través de la comunicación. Comares: Granada. 

Sacco, Rodolfo, 1983: “Codificare: modo superato di legiferare?, en Rivista di diritto civile, Padova, Cedam, 1983-1, pp. 117-135.

Seidman, Robert, 1992: “Justifying Legislation: A Pragmatic Institucionalist Approach to the Memorandum of Law, Legislative Theory and Practical Reason”, en Harvard Journal on Legislation, v. 29-1 pp.1-77.

Suárez Llanos, Leonor, 2013: “El juicio legal”: ¿tienen razón las leyes?”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, No. 47, pp. 109-136.

Witteveen, W., 2005: “Turning to Communication in the Study of Legislation”, en N. Zeegers et al. (eds.): Social and Dymbolic Effects of Legislation under the Rule of Law. New York: Mellen, 17-44.

Zapatero, Virgilio, 2009: El arte de legislar. Cizur Menor: Aranzadi.


[1] El proyecto fue publicado en la página web de la Universidad Nacional de Colombia, la más importante de las universidades públicas del país. Se señala allí que los principales responsables del proyecto son José Alejandro Bonivento Fernández y Pedro Lafont Pianetta, ambos antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y profesores de esa universidad. El enlace desde el que puede accederse al proyecto es este: http://derecho.bogota.unal.edu.co/proyecto-de-actualizacion-del-codigo-civil/.

[2] Ha fracasado al menos dos veces en los últimos cinco años un proyecto alternativo que, también con origen académico, ha sido presentado dos veces al parlamento.

[3] Los profesores solicitantes, pertenecientes todos a una universidad diferente, advirtieron: “Un estudio serio  y profundo de tan extenso e imporante proyecto exige conocer y analizar los distintos puntos de vista que los redactores hayan expuesto sobre cada uno de los temas y las razones por las que se ha llegado a loq ue queda consignado en el proyecto. Es bien conocida la importancia que en la formación de la doctrina y la jurisprudencia tuvieron los antecedentes del Código Civil francés, los proyectos de Bello, las actas de la comisión que redactó el Código de Comercio, así como, de igual manera, los antecedentes legislativos que han influido en la doctrina y jurisprudencia de otras ramas del derecho (…)”.

[4] Texto de la respuesta, fechada el 18 de agosto de 2020 y firmada por Marcela Gómez-Molina, Coordinadora del Proyecto.

[5] Frente a una población próxima a alcanzar los 50 millones de habitantes, se estiman 400 mil licenciados en Derecho.

[6] Suárez Llanos (2013) ha sostenido que además del nivel de racionalidad sistémica de la legislación, un segundo nivel debe ocuparse de quién es el legislador. Dice Suárez que a la teoría de la legislación le corresponde reconstruir la definición del legislador que no se agota en la participación popular en la elección de quienes integran un parlamento. A partir del llamado método D’Hont, al referirse a los procesos de supraestatalización e infraestatalización, sostiene que queda en evidencia una “cesión” de la soberanía legislativa (Suárez, 2013: 122). Esto, incluso, se tendría alguna incidencia en un tercer subnivel de racionalidad del proceso legislativo que tiene que ver con el “cómo” se debe hacer la ley, teniendo en cuenta que en al derecho en general lo diseñan diferentes agentes.

[7] Un doble régimen para las obligaciones y los contratos (civil y mercantil) obedece a razones a razones que prácticamente no pueden sostenerse hoy: el derecho civil ha adoptado muchos de los caminos que antes eran propios de operaciones típicamente comerciales y ello sería razón suficiente para superar la división entre ambos cuerpos normativos.

[8] El movimiento codificador del siglo XIX en América Latina fue rigurosamente transparente. Las anotaciones a los artículos permitieron revelar las fuentes de las que bebía el redactor (Bello, Vélez), lo que facilitó la discusión de las soluciones adoptaas. Los ejemplos y explicaciones que hay en los Restatements, en los PETL, el DCFR o en los principios Unidroit, permiten perseguir el mismo propósito, muy alejado de la aséptica pretensión de evitar incidir en la interpretación.

Para Michele Taruffo

Ha muerto hoy en Milán, a sus 77 años, el gran jurista italiano Michele Taruffo. Y yo me he quedado con una sensación que no logro describir. En la introducción de la tesis doctoral que escribí sobre su obra, con algo de sentimentalismo escribí que al padre que perdí por la violencia en mi niñez, la vida me lo reemplazó con varios padres intelectuales, entre los cuales incluía a Taruffo en un lugar predominante. Cuando ya llevaba un par de años escribiendo la tesis que tanto tardé en terminar, él conoció a mi esposa y, consciente de que en mi vigilia (y quizás también en mi sueño) estaba dedicado a leerle y comprenderle, él se presentó diciendo: “Mucho gusto, yo soy la otra”. No eran para menos las horas que por entonces yo dedicaba a ordenar y clasificar su abundantísima y dispersa obra. Mis pensamientos más persistentes tuvieron que ver con los de este hombre, nacido en Vigevano, un pequeño pueblo italiano ubicado al occidente de la provincia de Pavía, casi en los límites entre Lombardía y Piamonte. Su muerte, pues, me ha producido una segunda orfandad. O una viudez.

Michele Taruffo despuntó para el mundo de habla hispana en el año 2002, cuando se publicó la extraordinaria y ejemplar traducción que hizo Jordi Ferrer de la que es sin duda su obra cumbre, La prueba de los hechos, que constituye quizás el trabajo de fundamentación teórica de la prueba judicial y del razonamiento probatorio más importante y más completo que se haya escrito en el mundo latino. Unos tres lustros antes había sido Perfecto Andrés Ibáñez quien, en un encuentro académico de jueces en San Lorenzo del Escorial, había identificado en Taruffo a un procesalista cuyo gran atractivo intelectual era su permanente incomodidad con el derecho procesal: Taruffo siempre necesitó ir más allá del derecho para entender el proceso en general, y la prueba en especial. Así me lo confirmó durante los meses que pasé en Pavía, donde me emocioné viéndole entrar a clases y tomando exámenes orales a sus alumnos.

Antes de la traducción de 2002 se habían publicado en español al menos un par de artículos suyos, mientras que hoy, dos décadas después, sus libros salían en simultánea en italiano y español, como en el caso de Hacia la decisión justa, publicado este mismo 2020 en las editoriales Giappichelli, de Turín, y Zela, de Lima.

La obra de Taruffo comenzó en el derecho procesal, casi por accidente, pero se fue mucho más allá, pues su autor encontró lo que hasta entonces no era moneda corriente. Una obviedad, se dirá, pero es una obviedad que es más ostensible en las páginas de Taruffo que en las de cualquier otro: el aparato conceptual (y, por tanto, bibliográfico) con el que nutrió sus ideas es difícilmente comparable con otros, aunque es ciertamente heredero de la forma de entender el derecho de su maestro, Vittorio Denti. Su profunda preocupación por el saber no jurídico y sus vasos comunicantes con el derecho le suministraron interlocución permanente con otros expertos, especialmente con filósofos. Siguiendo las huellas Denti y de Mauro Cappelletti se hizo riguroso comparatista, conocedor como pocos de detalles inimaginables de ordenamientos latinoamericanos, europeos, asiáticos y —de manera principal— anglosajones, así que cualquier conversación con él era una clase de derecho comparado.

Un librito que por estas calendas cumplió 40 años, sobre la historia de la organización procesal italiana, traducido al portugués por Daniel Mitidiero, le convirtió transitoriamente en historiador (“historiador de domingos” lo llamó Bruno Cavallone, en unas “observaciones amigablemente polémicas”, calificadas por Taruffo como “más polémicas que amigables”). La perspectiva histórica nunca le abandonó, como es evidente en Simplemente la verdad y en tantos artículos dispersos.

Su preocupación por el razonamiento probatorio y la interpretación del derecho le permitieron tener un lugar permanente entre los filósofos del derecho, entre quienes siempre se sintió cómodo, gracias sus vínculos con la escuela genovesa de Giovanni Tarello o con Jerzy Wróblewski y, en tiempos más recientes, de manera muy fructífera y —diría— enérgica con Jordi Ferrer, en Girona, ciudad a la que con su impulso convirtieron en un lugar de enorme vitalidad en estos temas. Por allí pasé algunos meses en el año 2012 compartiendo más de un café (molto ristretto, le gustaba) y sus inevitables “postres líquidos”.  Quizás en menor medida, su vínculo estuvo también con la escuela alicantina liderada por Manuel Atienza, donde le conocí. Enamorado del arroz con kokotxas del Nou Manolín (le vi pedir el mismo plato unas tres o cuatro veces), acudía todos los años al máster en Argumentación jurídica y fue allí donde se prestó para el ejercicio de hacer mi tesis doctoral sobre su obra. En la primera conversación, con Daniel González Lagier, me dijo que las tesis se hacían sobre filósofos muertos, y que él no tenía prisa en morir. Yo me tomé muchos años en terminar la tesis y él se tomó casi ese mismo tiempo en decidirse a dejar este mundo.

Fueron muy célebres en el terreno iusfilosófico sus intervenciones en el llamado círculo de Bielefeld, publicadas en los volúmenes Interpreting Precedents e Interpreting Statutes, de los años noventa, verdaderos referentes en la cultura jurídica occidental. E incluso, he sostenido que su impresionante título sobre la motivación de la sentencia, de 1975, puede considerarse uno de los trabajos precursores de la teoría de la argumentación jurídica, que solo explotaría unos tres años después con las obras de Alexy y Aarnio. Y estuvo en los debates de la epistemología contemporánea, junto a Susan Haack o Larry Laudan, quienes le echarán de menos tanto como nosotros.

Sus corsi e ricorsi sobre la prueba —que suponen una concepción fuerte de la jurisdicción y la decisión judicial— constituyen quizás la parte más representativa de la obra de Taruffo. La idea de la verdad como condición de corrección de la decisión judicial, en la ambigüedad con la que siempre quiso jugar (lo giusto como lo correcto y lo justo en sentido material) le llevó a asumir posiciones teóricas alrededor de las cuales giraron muchos de sus debates a ambos lados del Atlántico. Lector imbatible y  dueño de una extraordinaria biblioteca, increíblemente actualizada en todos los frentes en los que quiso acumular conocimiento, hizo siempre una férrea defensa del papel del juez activo en la búsqueda de la verdad: su defensa de los múltiples poderes probatorios y su crítica acérrima a los métodos alternativos que no fueran susceptibles de control racional (aquellos donde el derecho queda tras la puerta del escenario en el que se resuelven los conflictos), hacen de la obra de Taruffo una gran aliada de la defensa de la jurisdicción.  

Viajero de fácil equipaje y alérgico a los celulares, Taruffo recorrió varias veces el mundo, aceptando invitaciones de todos los lugares imaginables, en donde con su voz grave y pausada ofreció cientos de conferencias y seminarios. En esta Colombia a la que vino con tanta frecuencia y que tanto le quiso, recibió por la Universidad de Medellín uno de sus múltiples doctorados honoris causa. Aquí también encontró una parte importante de su traducción a la lengua de Cervantes, pues cuando yo traduje los artículos que se reunieron en Páginas sobre justicia civil o Verifobia, no hice más que sumarme a la labor que había emprendido antes la  gran profesora Beatriz Quintero, también desaparecida ya, con Sui confini e Il processo civil adversary nell’esperienza americana. En esta tierra, además, son célebres dos anécdotas suyas de las que son testigos Diana Ramírez y Carlos Colmenares: cuando se perdió con varios expedicionarios en la Sierra Nevada de Santa Marta, con rescate helicoportado, y su larga conversación con un palabrero wayúu sobre la resolución de conflictos en esa querida comunidad. 

Hoy no soy capaz de contar las horas que pasé “con” Michele Taruffo y con su extensa obra, que le valió un lugar en la prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei. Con su espíritu vital e increiblemente generoso, Taruffo nos contagió y nos inspiró a muchos a ver que las fronteras que a veces vemos entre las disciplinas, una vez cruzadas, en realidad no existen: así lo recordó con uno de sus títulos, invocando una frase del diario apócrifo de Genghis Kan. Hoy tenemos que concluir, al revisar la obra impresionante que deja, siempre abierta al diálogo y la discusión, que la frontera de la muerte, para quienes nos dejan tanto conocimiento en sus libros, quizás tampoco existe. 

Un abrazo solidario y triste para su esposa Cristina; para Anna, su hija. Y para todos los amigos en las universidades de Pavía y de Girona. Le echaremos de menos. Gracias, Michele.

Medellín, diciembre 10 de 2020

Codificar. Introducción a una serie

Ha comenzado la discusión de un proyecto de Código Civil. No diré un “nuevo” proyecto, pues el proyecto mismo ya lleva en preparación varios años y ese la versión remozada, aggiornata, del proyecto de Arturo Valencia Zea, que desde finales de los años sesenta del siglo pasado estuvo en boca de los juristas y cuyo trámite legislativo se malogró comenzando la década de los ochenta. Se trata de un proyecto preparado por la Universidad Nacional, bajo la dirección de sus profesores, los ex magistrados Pedro Lafont y José Alejandro Bonivento y con la participación de un grupo de profesores de ese importante claustro universitario.

Aquí, con esta entrada, quiero abrir una serie de entradas muy breves sobre las primeras observaciones que me merece ese proyecto de Código. Por lo pronto, lo que aquí se dirá no son más que impresiones deshilvanadas y desarticuladas, con la finalidad de que me sirvan de insumo para elaboraciones un poco más articuladas, en el trabajo que empezarán a hacer las universidades y entidades con objeto y proyección académica, las agremiaciones profesionales y demás actores del “aparato” jurídico nacional.

Se me ocurren dos reflexiones (muy) preliminares para comenzar, que no son del todo originales mías, pues han salido en discusiones en conversaciones de muy diverso tipo en las que he participado de manera reciente. La primera tiene que ver con la incertidumbre sobre la motivación para re-codificar. La segunda es una reflexión cuasi anecdótica relacionada con el papel del Gobierno y las cortes en este tipo de iniciativas.

Voy con la primera. El proyecto publicado no tiene una exposición de motivos. El Código de Bello, pese a que fue “traído” a estas tierras sin aclimatación previa (muy conocida es la anécdota de Manuel Ancízar hacia mediados del siglo XIX, que encarga los ejemplares del Código a Chile), ha contado siempre con todas las obras de don Andrés como respaldo de su pensamiento. La idea misma de sistema, que tanto ponderaba Bentham cuando reclamaba que los códigos se redactaran por una única persona, si bien no está garantizada, sí era por lo menos “trazable”: de prácticamente cada artículo del viejo código decimonónico puede encontrarse una explicación razonada en las obras de Bello, quien además tardó muchísimos años para llegar a la versión final que se aprobó en Chile y luego en nuestro terruño.

Con el proyecto de código que se ha presentado esa claridad sobre el origen se pierde un poco. El texto que se ha presentado no es idéntico al proyecto de Valencia Zea, aunque se haya dicho —como en su presentación a través de las redes sociales el 30 de junio de este año— que se trata del un homenaje al maestro. Sobre el método de Valencia se ha discutido mucho en las últimas tres décadas y está lejos de ser indiscutido o aceptado de manera general. Pero la idea de que es solo una actualización de instituciones no resulta tampoco atractiva: al menos como argumento es bastante débil. Resulta valioso, eso sí, que la discusión se de sobre la base de un texto y no sobre la base de nada. Sin embargo, para la discusión, el proyecto debió presentarse con una completa exposición de motivos que incluyera la idea del sistema que tienen en mente sus redactores, una discusión de sus fuentes, los aspectos en los que se separan del proyecto Valencia, aquellos en los que directamente se innova, los lugares en los que se acogen avances jurisprudenciales o en los que se deja abierta la cuestión a desarrollos pretorianos, por solo poner unos ejemplos. Incluso, creo, es válido preguntarse si la mejor vía para modernizar el derecho privado colombiano es la de un nuevo código. Sobre las dos últimas ideas volveré en otra entrada más adelante.

La segunda idea tiene que ver con el papel institucional. Hace casi dos años se presentó otro proyecto de Código, que pretendía unificar en un solo cuerpo la codificación civil y comercial (el proyecto de la Universidad Nacional es un más modesto, pues solo pretende unificar el régimen general de obligaciones). En ese entonces, la Red Nacional de Profesores de Derecho Privado solicitó audiencia al Presidente de la República a través de su Secretaria Jurídica. Un nutrido grupo de profesores estuvimos presentándole al mandatario las observaciones que nos merecía el proyecto en mención, que ya había comenzado su trámite legislativo, finalmente abandonado. Tanto él como la Secretaria Jurídica nos manifestaron que no hacía parte de los planes del gobierno impulsar una reforma, pero al informársele por parte de alguno de los presentes que también existía el proyecto de la Universidad Nacional, liderado por el profesor Bonivento, las cosas parecieron cambiar un poco. Y en efecto cambiaron, pues el proyecto actual fue presentado con el respaldo del Ministerio de Justicia (no es casualidad que la ministra Cabello haya sido magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema) y de al menos dos magistrados actuales de la Corte Suprema. Esto indica que la idea de una reforma suscita interés en el Gobierno y en las altas cortes, lo que puede facilitar su trámite legislativo. Al margen de lo que cada persona opine del proyecto en particular, podría ser sano —si todo se hace como se ha dicho— que (i) el proyecto provenga de una universidad pública y plural como la Nacional; (ii) que esté liderado por personas tan abiertas a la discusión como los profesores de ese importantísimo claustro universitario; y (iii) que venga con el respaldo institucional del gobierno, que al menos en el papel tiene el deber ético de hacer una discusión de altura y nivel con los expertos, y por ahora todo parece indicar que ese deber será honrado.

Muchos estamos pendientes y trabajando alrededor de las discusiones que podrán darse. Estamos trabajando para diseñar mecanismos de participación y aportes de muchos actores, que nos permitan un diálogo profundo tanto sobre la necesidad de codificar o no (por ejemplo, en Francia se ha optado por leyes de reforma puntuales y no por la recodificación), como sobre el contenido de cada sector o parcela de la modernización. Hay riesgos, por supuesto: que no haya claridad sobre el sistema, que no se establezcan mecanismos plurales para la participación en la discusión, que el trámite legislativo distorsione los acuerdos a los que pueda llegarse en la discusión del proyecto, que se sectorice o parcialice la discusión en grupos de interés (ideológico, económico, político, etc.). Pero puedo dar fe, de primera mano, de que al menos en este momento hay un extraordinario y plural grupo de profesionales dedicados a pensar de manera desinteresada en este asunto, y eso es de celebrar. La importancia en la vida cotidiana importancia de las normas que podrían aprobarse así lo justifica.