Ha comenzado la discusión de un proyecto de Código Civil. No diré un “nuevo” proyecto, pues el proyecto mismo ya lleva en preparación varios años y ese la versión remozada, aggiornata, del proyecto de Arturo Valencia Zea, que desde finales de los años sesenta del siglo pasado estuvo en boca de los juristas y cuyo trámite legislativo se malogró comenzando la década de los ochenta. Se trata de un proyecto preparado por la Universidad Nacional, bajo la dirección de sus profesores, los ex magistrados Pedro Lafont y José Alejandro Bonivento y con la participación de un grupo de profesores de ese importante claustro universitario.

Aquí, con esta entrada, quiero abrir una serie de entradas muy breves sobre las primeras observaciones que me merece ese proyecto de Código. Por lo pronto, lo que aquí se dirá no son más que impresiones deshilvanadas y desarticuladas, con la finalidad de que me sirvan de insumo para elaboraciones un poco más articuladas, en el trabajo que empezarán a hacer las universidades y entidades con objeto y proyección académica, las agremiaciones profesionales y demás actores del “aparato” jurídico nacional.

Se me ocurren dos reflexiones (muy) preliminares para comenzar, que no son del todo originales mías, pues han salido en discusiones en conversaciones de muy diverso tipo en las que he participado de manera reciente. La primera tiene que ver con la incertidumbre sobre la motivación para re-codificar. La segunda es una reflexión cuasi anecdótica relacionada con el papel del Gobierno y las cortes en este tipo de iniciativas.

Voy con la primera. El proyecto publicado no tiene una exposición de motivos. El Código de Bello, pese a que fue “traído” a estas tierras sin aclimatación previa (muy conocida es la anécdota de Manuel Ancízar hacia mediados del siglo XIX, que encarga los ejemplares del Código a Chile), ha contado siempre con todas las obras de don Andrés como respaldo de su pensamiento. La idea misma de sistema, que tanto ponderaba Bentham cuando reclamaba que los códigos se redactaran por una única persona, si bien no está garantizada, sí era por lo menos “trazable”: de prácticamente cada artículo del viejo código decimonónico puede encontrarse una explicación razonada en las obras de Bello, quien además tardó muchísimos años para llegar a la versión final que se aprobó en Chile y luego en nuestro terruño.

Con el proyecto de código que se ha presentado esa claridad sobre el origen se pierde un poco. El texto que se ha presentado no es idéntico al proyecto de Valencia Zea, aunque se haya dicho —como en su presentación a través de las redes sociales el 30 de junio de este año— que se trata del un homenaje al maestro. Sobre el método de Valencia se ha discutido mucho en las últimas tres décadas y está lejos de ser indiscutido o aceptado de manera general. Pero la idea de que es solo una actualización de instituciones no resulta tampoco atractiva: al menos como argumento es bastante débil. Resulta valioso, eso sí, que la discusión se de sobre la base de un texto y no sobre la base de nada. Sin embargo, para la discusión, el proyecto debió presentarse con una completa exposición de motivos que incluyera la idea del sistema que tienen en mente sus redactores, una discusión de sus fuentes, los aspectos en los que se separan del proyecto Valencia, aquellos en los que directamente se innova, los lugares en los que se acogen avances jurisprudenciales o en los que se deja abierta la cuestión a desarrollos pretorianos, por solo poner unos ejemplos. Incluso, creo, es válido preguntarse si la mejor vía para modernizar el derecho privado colombiano es la de un nuevo código. Sobre las dos últimas ideas volveré en otra entrada más adelante.

La segunda idea tiene que ver con el papel institucional. Hace casi dos años se presentó otro proyecto de Código, que pretendía unificar en un solo cuerpo la codificación civil y comercial (el proyecto de la Universidad Nacional es un más modesto, pues solo pretende unificar el régimen general de obligaciones). En ese entonces, la Red Nacional de Profesores de Derecho Privado solicitó audiencia al Presidente de la República a través de su Secretaria Jurídica. Un nutrido grupo de profesores estuvimos presentándole al mandatario las observaciones que nos merecía el proyecto en mención, que ya había comenzado su trámite legislativo, finalmente abandonado. Tanto él como la Secretaria Jurídica nos manifestaron que no hacía parte de los planes del gobierno impulsar una reforma, pero al informársele por parte de alguno de los presentes que también existía el proyecto de la Universidad Nacional, liderado por el profesor Bonivento, las cosas parecieron cambiar un poco. Y en efecto cambiaron, pues el proyecto actual fue presentado con el respaldo del Ministerio de Justicia (no es casualidad que la ministra Cabello haya sido magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema) y de al menos dos magistrados actuales de la Corte Suprema. Esto indica que la idea de una reforma suscita interés en el Gobierno y en las altas cortes, lo que puede facilitar su trámite legislativo. Al margen de lo que cada persona opine del proyecto en particular, podría ser sano —si todo se hace como se ha dicho— que (i) el proyecto provenga de una universidad pública y plural como la Nacional; (ii) que esté liderado por personas tan abiertas a la discusión como los profesores de ese importantísimo claustro universitario; y (iii) que venga con el respaldo institucional del gobierno, que al menos en el papel tiene el deber ético de hacer una discusión de altura y nivel con los expertos, y por ahora todo parece indicar que ese deber será honrado.

Muchos estamos pendientes y trabajando alrededor de las discusiones que podrán darse. Estamos trabajando para diseñar mecanismos de participación y aportes de muchos actores, que nos permitan un diálogo profundo tanto sobre la necesidad de codificar o no (por ejemplo, en Francia se ha optado por leyes de reforma puntuales y no por la recodificación), como sobre el contenido de cada sector o parcela de la modernización. Hay riesgos, por supuesto: que no haya claridad sobre el sistema, que no se establezcan mecanismos plurales para la participación en la discusión, que el trámite legislativo distorsione los acuerdos a los que pueda llegarse en la discusión del proyecto, que se sectorice o parcialice la discusión en grupos de interés (ideológico, económico, político, etc.). Pero puedo dar fe, de primera mano, de que al menos en este momento hay un extraordinario y plural grupo de profesionales dedicados a pensar de manera desinteresada en este asunto, y eso es de celebrar. La importancia en la vida cotidiana importancia de las normas que podrían aprobarse así lo justifica.

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