La historia de las ideas jurídicas tiene un episodio de tremenda importancia con Cristopher Colombus Langdell, el decano de Harvard que impulsó la profesionalización de los profesores de derecho en Estados Unidos. La literatura sobre el tema es abundante, pero creo que se puede afirmar con un nivel suficiente de solidez en la generalización, que el panorama colombiano de las facultades de derecho se parece más al de Estados Unidos antes de Langdell, que al del prestigio de los profesores universitarios de las universidades de élite del mundo anglosajón actual, con amplias oficinas y dignos salarios. Es decir: la enseñanza del derecho entre nosotros sigue estando, cuantitativamente, más a cargo de profesores que habitualmente tienen otros trabajos (litigantes, jueces, funcionarios…) que de profesores full time. Pero entre unos y otros yo veo algo en común, que tiene que ver con lo siguiente: cada vez tengo más razones para considerar un misterio insondable cómo (es decir: con base en qué criterios) se fijan los honorarios o salarios, según el caso, de los profesores universitarios en Colombia.

Fui profesor a tiempo completo (en “carrera académica”, expresión que algún día discutiremos) en una universidad y nunca me preocupé de lo que decía el reglamento sobre los ascensos en los escalafones y en la remuneración: publicar papers en cierto tipo de revistas, acreditar el conocimiento de ciertos idiomas, presentar ponencias en cierto tipo de eventos, asesorar tesis de maestría o doctorado… Por eso me sorprendía un poco ver las diferencias salariales (a veces significativas) que había entre profesores con un nivel de formación semejante, solo por que uno de ellos hacía la tarea de hacer “validar” su producción por la dependencia que fija el salario, y el otro no. Me sorprendía, digo, pero mea culpa: era mi carga entrar en la carrera por ascender, o mejor, empezar a correr en esa carrera a la que ya había entrado y en la que veía que otros tenían interés serio: hacen ingentes esfuerzos para que sus artículos se publiquen en las revistas mejor valoradas por el reglamento, por ejemplo. Casi todo el mundo lo ve como un gana-gana: el profesor mejora su salario y la universidad mejora sus indicadores, lo que le permite aparecer mejor situada en algún ránquin. Yo era de los que escribía y publicaba, en mi modesta capacidad de producción, buscando dónde podrían ser de algún interes mis cada vez más escasas ideas. Sobra decir que en algunos de los temas que me interesan, en Colombia hay pocas revistas en las categorías “sugeridas” por los ránquines y que los juristas habitualmente defendemos la insularidad (un cierto “excepcionalismo”) de nuestra disciplina frente al estándar de las ciencias en general, y de las ciencias “duras” en especial. Lo cierto es que nunca hice nada para que esa limitada producción se valorara en términos de ascenso de categoría, y quizás eso explica que yo tenga una tendencia a ver la remuneración de los profesores, no como una retribución al trabajo (nunca he sabido mucho de derecho laboral, pero recuerdo a un profesor que me enseñó que “a trabajo igual, salario igual”) sino como una retribución a la cooperación del profesor con la consecución de ciertos fines universitarios: quid pro quo.

Y si el universo de los profesores de tiempo completo me parece inextricable, el de los que aquí llamamos “profesores de cátedra” (profesores a tiempo parcial, asociados, etc.) ya corresponde a otra dimensión. Más allá de la cuestión formal (homologar títulos extranjeros, en mi caso, fue realmente fácil), mi actividad académica me ha llevado en la última década a dar clases en diferentes tipos de curso (desde pregrado hasta algún seminario doctoral) en centros y universidades muy diversas. La remuneración en todas ellas es absolutamente desigual: hay una diferencia de hasta diez (sí: diez) veces en el valor de la hora que se paga a un profesor “externo”, y en medio hay un universo de cuestiones para todos los gustos. Pongo unos ejemplos: (i) todas pagan el valor de la hora de clase (y podemos emplear el argumento retórico: es tal como en los parqueaderos… y en los moteles); es decir, no se suele pagar el tiempo invertido en la preparación de las clases, pues parece que se da por descontado que el profesor ya viene “de fábrica” con el conocimiento y la preparación; ni el tiempo de evaluación de los trabajos y exámenes. (ii) Hay casos en los que preguntar cuál es o puede ser la remuneración, se recibe como una pregunta de mal gusto: en un caso, incluso, al preguntar por el nivel siguiente del escalafón, me dijeron que sólo cuando llegara a él sabría cuál era el valor que pagaban por hora: era un secreto. (iii) Hay otros casos en los que la universidad se disculpa antes de que el profesor acepte la invitación, quizás porque asume de entrada que lo que puede pagar es muy poco, aunque en estricto sentido, no lo sea: en un caso en que eso me ocurrió, pagaban el cuádruple de lo que pagan en la que está más abajo en mis registros (un caso extremo, incluso, en el que uno agradece que hoy se trate de clases virtuales, porque de lo contrario no se compensarían ni siquiera los gastos de desplazamiento —y no es una exageración—). Y finalmente (iv) hay casos en los que, además, el municipio en el que queda la universidad ha decidido que impartir clase es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, así que cierto tiempo después de la clase, viene el cobro del impuesto correspondiente, que se suma a las consabidas retenciones.

Hace unos meses, un par de rectores de importantísimas universidades conversaban públicamente sobre el valor de la cultura. En esa conversación, cuando se referían al entorno universitario actual, se dolían (ambos) de que las métricas de los ránquines obligan a los profesores a escribir papers que nadie lee. Uno de ellos, incluso, calificaba la cuestión como “distorsión”, como “algo que no funciona”. Se trata, repito, de rectores universitarios: actores fundamentales del sistema, personas con un cierto poder y capacidad de identificar el problema, pues a la vista estaba que lo conocían y lo valoraban como problema, como distorsión; y sin embargo no habían producido cambios, quizás porque ni siquiera el poder de ser rectores de universidades bien ranqueadas alcanza para modificar esa situación y se ven obligados a pagar a sus profesores en función de los papers que nadie lee y no en función de lo que ellos mismos defienden de manera pública. Otra persona con posición directiva en una institución educativa me decía, por la misma época de esa conversación de rectores, algo así: si yo quiero tener a los mejores profesores, les tengo que pagar por encima del que más alto pague. Realmente lo hacía (paga extraordinariamente bien, teniendo en cuenta los promedios en Colombia): a esta persona no le preocupaba saber quién pagaba más o cuánto pagaba quien más pagaba, sólo quería ser quien mejor remuneraba, para que los mejores profesores quisieran hacer parte de sus cursos. Además, todos sus grupos de investigación están en las categorías más altas de la burocracia educativa. Cosas de la meritocracia, supongo (muy a pesar de los excelentes argumentos de Sandel y de Carlos Peña en su contra). Con dolor, parece que hemos aceptado colectivamente que en la academia se está por amor al arte, aunque algún municipio considere que tan noble filia es actividad industrial.

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