Desde hace algunos años en España se ha debatido mucho acerca de títulos universitarios obtenidos de manera fraudulenta. El común denominador en casi todos los casos es que los “estudiantes” implicados se dedican de manera profesional a la política. Dejemos de lado el caso de los doctorados honoris causa, que en no pocas ocasiones sirven para que cierta clase de académicos pueda congraciarse con algún político de moda (o algún académico que ponga a circular el nombre de la universidad correspondiente): muy célebre fue el concedido al entonces ministro de Economía Rodrigo Rato, que tuvo la oposición de un nutrido grupo de académicos de la Universidad de Alicante, razón por la cual finalmente no se entregó.

Concentrémonos, pues, en los títulos “reales” pero concedidos a quienes no cursaron realmente los programas o no satisficieron los requisitos de grado reglamentarios. Recuerdo ahora varios casos muy sonados. Pongo solo un par de ejemplos de una tela muy larga.

  1. El del presidente de una comunidad autónoma que habría realizado su tesis doctoral mientras estuvo en el cargo, y a cuyo acto de defensa, que fue privado y no público, como es habitual, concurrieron varios políticos en ejercicio de su cargo, por el mismo partido al que pertenecía el presidente. Este caso, algunos años después, volvió a ser famoso. Ya lo era, porque el director de tesis y el tribunal en pleno pertenecían a órganos políticos, pero volvió a serlo porque la tesis doctoral nunca se divulgó ni se publicó en el repositorio universitario (lo que suele ser, también, muy excepcional) y porque años después, se denunció que la misma tesis era plagio de diferentes publicaciones. El académicamente oscuro presidente no volvió a figurar políticamente, pero hasta donde recuerdo su tesis (y el título correspondiente) jamás fueron oficialmente discutidos.
  2. El de un grupo de políticos (vinculados al mismo partido del caso anterior) con títulos de máster expedidos por otra universidad, cuyo rector mismo fue acusado de plagio. Uno de los más cuestionados fue el de la presidenta de otra comunidad autónoma que se vio implicada en el escándalo y, si bien salió absuelta penalmente, quedó demostrado que ni había ido a clases ni quedó registro alguno del trabajo que había presentado para obtener el título.

En Colombia no nos quedamos atrás. Un actual precandidato a la presidencia alardeó durante años de un título de doctorado que nunca tuvo; otro político (inicialmente cuestionado por su maestría) hablaba de un doctorado en el que —como al Perro Romero, de La estrategia del caracolsólo le faltaba la tesis; un senador también ha dado mucho de qué hablar en su pelea con la universidad que le confirió el título de abogado tras haber superado exámenes de suficiencia, preparatorios y trabajo de grado con la facilidad y rapidez de una mente brillante que yo nunca he visto en más de quince años en la academia jurídica. No será de la gravedad de un proyecto de ley alguna vez acusado de plagio, pero estos antecedentes y otros muchos advierten de que nuestra clase política no está exenta de los escándalos académicos.

Menciono dos de esta semana, para concluir: la presidenta de la Cámara de Representantes fue acusada de plagio en su tesis de maestría y la universidad correspondiente abrió una investigación. Y comenzó a debatirse la calidad de una maestría que realizaron, entre otros, un concejal y varios funcionarios del actual gobierno de Medellín. Según un diario, el concejal que obtuvo el título era al mismo tiempo “board member” de la universidad en Estados Unidos que otorga el título (firmado por él mismo en calidad de “board member”), y sostiene que está “muy bien visto en el ámbito académico” que las directivas hagan sus estudios en las mismas instituciones donde ejercen, lo cual no es del todo falso: es cierto que mucha gente lo ve bien.

Una cuestión sociológica muy interesante es la tensión que hay entre la baja calidad de la educación en Colombia y el notable interés de los políticos por inflar sus títulos y alardear de ellos. En esa tipología, uno podría encontrar (i) títulos de alta calidad realmente obtenidos o verdaderos (ii) títulos de alta calidad, pero falsos u obtenidos fraudulentamente, (iii) títulos de baja calidad realmente obtenidos o verdaderos y, finalmente —el peor de todos los escenarios— (iv) títulos de baja calidad, pero falsos o fraudulentamente obtenidos. Se podría caer en el nivel de la anécdota y muchos encontrarían cómo el chafarote del curso, sin preparación alguna pero bien relacionado, terminó en notables cargos públicos, en desmedro de funcionarios de carrera que bien podrían desempeñar esas funciones con pulcritud y decoro.

Me gustaría creer que una sociedad virtuosa tiene la tendencia a conceder un lugar privilegiado en la administración de lo público a quienes mejor se han formado, muchas veces incluso con dinero público y muchas veces con deseos expresos de devolverle a esa sociedad parte de lo que en esa formación se ha invertido. Me refiero a quienes mejor se han formado, tomándome esa expresión en serio. Es decir: no hablo necesariamente de quienes hayan tenido títulos más altos (ni reales ni fraudulentos). Me resisto a creer que la sociedad privilegia la educación sólo en el nivel de ostentación de títulos sin contenido: me resisto a creer que ese es el lugar que le corresponde a la educación superior en la política.

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